A_UNO_1411202-450x300

Escandaloso convenio de la era Abbott entre la Fiscalía y la Iglesia católica en casos de abusos sexuales llevó la firma de Marta Herrera

En medio de las investigaciones contra clérigos diocesanos por delitos de abuso sexual contra menores y justo cuando los dardos comenzaban a apuntar hacia las máximas autoridades de la Iglesia católica, en la figura de Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, por el delito de encubrimiento, el ex fiscal nacional Jorge Abbott sorprendió con la firma de un polémico acuerdo de cooperación entre el Ministerio Público y la Conferencia episcopal de Chile (CECH), que entre otros puntos establecía la obligación de la Fiscalía a mantener informada a la CECH del curso de las investigaciones precisamente contra funcionarios de la misma iglesia. Además de la firma de Abbott y de la del secretario general de la CECH de la época, Fernando Ramos, este polémico convenio fue revisado y visado por la jefa de Asesoría Jurídica de Fiscalía Nacional, Marta Herrera Seguel, hoy candidata a encabezar la Fiscalía Nacional.

Corría el año 2019 y una nueva polémica salpicaba al Ministerio Público comandado por el ahora ex fiscal nacional Jorge Abbott. Ese año, la Fiscalía Nacional suscribió -en plena investigación por los casos de abusos sexuales en la Iglesia- un polémico acuerdo con la Conferencia Episcopal de Chile (CECH) con el objetivo de favorecer el intercambio de información entre ambas instituciones y que involucraban a miembros de la Iglesia católica chilena. El ente persecutor se comprometía a mantener informada a la CECH del curso de las investigaciones contra funcionarios de la misma iglesia. «El Ministerio Público se compromete a entregar al consejo nacional de prevención de abusos y acompañamiento de víctimas de la CECH información sobre causas de delitos de carácter sexual cometidos por clérigos diocesanos, siempre que esto no vulnere lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal», decía el acuerdo.

De inmediato la bomba estalló y debido a las críticas transversales -incluidas la de víctimas de abusos- el fiscal Abbott tuvo que retractarse y dejar sin efecto el acuerdo. Pero la mancha quedó y fue uno de los hechos que debilitaron a la Fiscalía que deja Abbott. Es más, en sus últimos días al mando de la institución y a modo de despedida, realizó un mea culpa, calificando este convenio como «un error».

Fuentes cercanas a las víctimas reparan que, si esto fue un error, cómo nadie asesoró al ex fiscal nacional de lo inconveniente de firmar un acuerdo de semejante naturaleza y en plena investigación por los abusos de la Iglesia. No obstante, el documento en cuestión sí fue revisado por la Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, y validado por tanto, tal y como se desprende de la firma que acompaña a la de Abbott y a la de Luis Fernando Ramos, el entonces secretario general de la Conferencia Episcopal. La firma corresponde a la de Marta Herrera, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Nacional, y hoy candidata a Fiscal Nacional.

Precisamente, y debido a su cargo de jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía, Herrera tenía que firmar el documento, lo que se aprecia en la página 7 del convenio firmado. Allí, bajo las firmas grandes de Abbott y Ramos, aparece una pequeña rúbrica de MHS. Es decir, Marta Herrera Seguel.

Dentro de los principales críticos al convenio estuvieron las víctimas de Fernando Karadima, quienes sostuvieron que «este acuerdo es un gran error ético y legal de la Fiscalía, ya que acuerdan tácitamente algo que justamente es el punto a investigar: el encubrimiento y falta de transparencia».

Desde el mundo político también reaccionaron, como el diputado René Saffirio: «Imposible encontrar algo más ilegal e inmoral que el convenio de colaboración firmado entre el Ministerio Público (órgano que debe investigar y perseguir delincuentes) y la Iglesia católica (institución investigada por delitos sexuales contra menores). ¿Dónde estás República?».

Aunque este convenio quedó sin efecto, las causas de encubrimiento por las cuales estaban siendo investigados los cardenales Francisco Errázuriz y Ricardo Ezzati, con el pasar de los meses y los cambios de fiscales, quedaron en nada.

Print Friendly, PDF & Email