En la primera jornada de discusión del proyecto, la Sala del Senado abordó en profundidad el efecto y alcance de la iniciativa, el negocio ilegal de la toma, la violencia de las usurpaciones y los instrumentos legales para las familias que esperan durante años una reubicación, entre otros temas. En tanto, la votación quedó aplazada para el próximo martes.
Con el aplazamiento de su votación en general hasta la próxima semana quedó el proyecto, en primer trámite, que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de los ocupantes.
De este modo, la iniciativa que tuvo su origen en dos mociones de senadores y senadoras se someterá a votación el próximo martes 9 de agosto, a solicitud del Comité del Partido Comunista.
Durante la primera jornada de debate se abordó en profundidad el efecto y alcance de la iniciativa, el negocio ilegal de la toma, la violencia de las usurpaciones y los instrumentos legales para las familias que esperan durante años una reubicación, entre otros temas, vinculados a la agenda de seguridad pública y la insuficiencia de los instrumentos legales.
Mientras los senadores partidarios de la iniciativa defendieron la oportunidad para que el Ejecutivo se involucre en la protección de las familias contra la usurpación de sus bienes y otorgue urgencia a este proyecto introduciendo las modificaciones que considere necesarias; sus pares detractores del proyecto argumentaron que tal como está redactada la iniciativa no resolvería los problemas de fondo y traería consecuencias indeseadas, criminalizando las tomas en general.
OBJETIVO DEL PROYECTO
Por una parte, la iniciativa apunta a diferenciar las distintas hipótesis de usurpación y ocupación de inmuebles, para modificar la limitada sanción dispuesta en la ley actual y, por otra, garantizar la aplicación de la norma y disuadir la comisión de esta clase de hechos mediante una sanción eficaz, confiriéndole carácter delictivo a la respectiva conducta.
Para tales objetivos se elimina el límite a la flagrancia y se establece una nueva vía sancionatoria para la modalidad no violenta, a fin de facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos.
El senador José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad, dio cuenta de la iniciativa que tiene su origen en dos mociones presentadas por los senadores Carmen Gloria Aravena, Francisco Chahuán, José García Ruminot y Kenneth Pugh, y otra de senador Felipe Kast y las ex senadoras Marcela Sabat y Ena Von Baer.
Precisó que la iniciativa ha tenido una amplia discusión y aclaró que existen otras 12 mociones que abordan las mismas materias.
