La minera Albemarle arriesga multas de hasta 4 mil millones de pesos por sobreexplotar salmuera en el Salar de Atacama, región de Antofagasta. El organismo un proceso sancionatorio con dos cargos: uno por sobrepasar el límite anual de extracción y otro por no cumplir con todas las medidas comprometidas en el Plan de Alerta Temprana (PAT) del Sector de Alerta Acuífero.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abrió un proceso sancionatorio contra la Minera Albemarle por sobreextracción de salmuera en el Salar de Atacama, arriesgando multas por hasta 4 mil millones de pesos.
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Fueron dos cargos los que impulsó el organismo contra esta empresa, que está a cargo del proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama”.
Albemarle se emplaza en el Salar de Atacama, a unos 80 kilómetros de San Pedro de Atacama en la región de Antofagasta, y extrae salmuera desde un campo de pozos con el objetivo de generar sales concentradas en litio mediante un proceso de evaporación solar en pozas.
Cabe mencionar que el proyecto también incluye la extracción de agua subterránea desde tres pozos del borde de este mismo salar.
El primer cargo, clasificado como leve, se imputó por extraer un caudal medio anual de 452 litros/segundos entre octubre y septiembre de 2019. Con esto, se excedió el límite anual de 442 litros/segundos.
La segunda infracción, calificada como grave, se cursó por no cumplir con todas las medidas comprometidas en el Plan de Alerta Temprana (PAT) del Sector de Alerta Acuífero en marzo de 2021.
Esto último se manifestó al no avisar a la SMA de su activación y no reducir -en forma inmediata- las extracciones de salmuera de su proyecto para el período entre febrero y marzo de 2021.
Los cargos formulados se sustentan en inspecciones ambientales realizadas por funcionarios de la SMA, en conjunto con profesionales del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a las instalaciones del proyecto “Planta Cloruro de Litio”.
Como parte de la actividad de fiscalización ambiental, la Superintendencia recopiló los registros históricos entregados por el titular en sus Informes de Seguimiento Ambiental, actualizados hasta septiembre de 2021, para indicadores ambientales asociados al componente hídrico.
“Recordemos que en esta zona además de Albemarle, operan otras tres empresas mineras -Zaldívar (CMZ), Escondida (MEL) y Soquimich (SQM)-, cuyas actividades podrían afectar directamente a ecosistemas y comunidades. A la fecha, se han formulado cargos a todas ellas por diversos incumplimientos ambientales”, señaló el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal De La Maza.
Cabe señalar que el titular cuenta con 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y de otros 15 para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación de la resolución.
SMA vigila Salar de Atacama
El Salar de Atacama tiene una superficie de 17.000 km2, siendo el salar de mayor extensión a nivel nacional y corresponde a un ecosistema de alto valor ambiental. Es un territorio que posee un gran interés ecológico, turístico y económico, de particular importancia para la biodiversidad del país.
Esto se refleja en que dicha cuenca posee diversas áreas bajo protección oficial, entre ellas acuíferos declarados zonas de prohibición para nuevas explotaciones; acuíferos que alimentan a vegas y bofedales; humedales de importancia internacional (sitio Ramsar), con énfasis en el hábitat de las aves acuáticas; la Reserva Nacional “Los Flamencos”; el Área de Desarrollo Indígena “Atacama La Grande”; y la Zona de Interés Turístico “Área de San Pedro de Atacama–Cuenca Geotérmica El Tatio”.
En la misma cuenca existen diversas actividades productivas que ejercen presión sobre el ecosistema, siendo las de mayor relevancia las que se relacionan con el rubro y actividades de la minería metálica y no metálica.
La investigación que derivó en la FdC de Albemarle es el resultado del Programa Intensivo de Vigilancia que la SMA se encuentra desarrollando en el Salar de Atacama y el que cuenta con la coordinación efectiva con otros organismos del Estado como: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Dirección General de Aguas (DGA) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF).