“Vamos a hacer todo lo humanamente posible y están todos los funcionarios trabajando en la Región Metropolitana para poder sacar un resultado rápidamente”. Era el 13 de junio y el entonces director general de la PDI, Héctor Espinosa, anunciaba que la institución estaba abocada a detener a los responsables del homicidio de la subinspectora Valeria Vivanco Caro (25).
Sies días después, Espinosa entregaba el mando de la institución al subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Sergio Muñoz, quien lo relevaría en el cargo. Hoy, dos meses después, la muerte de la detective y la situación del exlíder de la PDI dieron un vuelco radical que tiene a la policía de civil sumida en una crisis como hace años no sucedía y bajo la lupa del Ministerio Público y La Moneda.
En el caso del homicidio de la subinspectora Vivanco, la Fiscalía Sur indaga la participación de los compañeros de la policía en el crimen, así como el actuar de altos mandos para, supuestamente, obstruir la investigación. En ese sentido, los peritajes avanzan para establecer si la bala que mató a la joven de 25 años salió del arma de uno de los detectives y cómo habrían adulterado los documentos que apuntaron, en primera instancia, a un grupo de narcotraficantes.
Por otro lado, desde abril, el fiscal que indagó el fraude en Carabineros, Eugenio Campos, investiga por el delito de lavado de activos y malversación al exdirector de la PDI. Ayer, el CDE anunció que se querellará contra el retirado alto oficial, basados en los antecedentes que han surgido en el caso, donde la principal hipótesis del ente persecutor radica en el desvío de dineros de gastos reservados hacia las cuentas corrientes de Espinosa y su esposa. Se investigan cerca de 50 depósitos en efectivo y el origen irregular de casi $ 300 millones.
La PDI, al igual que Carabineros y las ramas de las Fuerzas Armadas, cuentan con un presupuesto anual de cientos de millones de pesos para diversas labores de inteligencia. Éstas se pagan con gastos destinados a esta labor que no se deben rendir de la forma que se hace con otros ítems de dineros fiscales. Es de estos “gastos reservados” desde donde, según las indagatorias por el fraude en la policía uniformada y el Ejército, algunos funcionarios han sacado altas sumas que luego -ha descubierto la justicia- fueron a parar a arcas personales, aprovechándose de la poca fiscalización que tienen estas glosas presupuestarias.
La gravedad de los antecedentes tiene a los altos oficiales de la PDI en la mira del Ministerio Público por una eventual responsabilidad en el mando, algo que también preocupa en el gobierno y que motivó que se activara un seguimiento prioritario a ambos casos por posibles efectos políticos que pudieran desencadenarse. Y razones para tomar prevenciones las hay.
La más cercana, reconocen en La Moneda, son los casos que afectaron a Carabineros. La Operación Huracán -ocurrida durante el mandato de Michelle Bachelet- y el caso Catrillanca, el que detonó en el Ejecutivo a ocho meses de asumir la administración de Piñera. Esa vez, aseguraron, las mentiras de la policía y los pasos en falso de sus mandos tuvieron costos políticos graves, como, por ejemplo, el desplome del Plan Araucanía, instancia orientada a encaminar acercamientos con el mundo mapuche, liderados por Alfredo Moreno.
Tomando esto en cuenta, la orden del gobierno a la PDI ya salió desde La Moneda: entregar toda la información que requiera el Ministerio Público y colaborar en ambas investigaciones. Así se lo dijeron ayer, en una reunión a puertas cerradas en Palacio, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario, Juan Francisco Galli, al director de la PDI, Sergio Muñoz. El Ejecutivo quiere evitar cualquier problema que diga relación con la transparencia policial.
En la cita se habló tanto del caso Vivanco como de Espinosa. Sobre el primero se le pidió avanzar en el sumario administrativo y conocer cómo se ha ido trabajando en eso, donde, hasta ahora, solo se ha materializado una baja en los mandos superiores: la remoción de sus funciones al jefe de la Brigada de Homicidios, Jorge Márquez.
Sobre Espinosa, sin embargo, están más cautelosos. La investigación del fiscal Campos está reservada y, hasta ahora, solo se sabe que ya declararon algunos detectives y que el persecutor pidió información sobre cómo se ejecutaron los gastos reservados entre 2015 y 2021, y los viáticos que les fueron asignados al exdirector y a su ayudante.
Fuente: latercera.cl
